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La Comisión Europea ha anunciado un mensaje de firmeza sobre el
compromiso europeo para cumplir con el Protocolo de Kioto. El reparto de
cuotas de emisión de CO2 para acercarse a las exigencias de Kioto se
está discutiendo entre los socios de la UE no sin polémica de entrada.
Los Estados miembros ultiman actualmente un reparto de cuotas de
emisión entre su industrias, que deben someter al examen de la Comisión
antes del próximo 31 de marzo, con vistas al mercado de emisiones que se
establecerá en la UE a partir de 2005.
Este mercado es la fórmula elegida por la Unión para acercarse al
cumplimiento del Protocolo de Kioto, que entra en vigor en 2008 y exige a
la UE una reducción del 8% de sus emisiones en el año 2012 con respecto
a los niveles de 1990.
El Ejecutivo comunitario dijo ser "consciente" de las
tensiones entre industria y gobiernos que está generando el reparto de
cuotas en países como España, que encabeza la lista europea de
incumplidores de Kioto, con emisiones quince puntos porcentuales por
encima de las asignadas.
Examen de los planes nacionales
No obstante, Bruselas avisó de que no tolerará incumplimientos.
"Si constatamos que los planes nacionales no van en la dirección del
Protocolo, actuaremos sin dudar contra estos Estados", advirtió el
director general de la Comisión para el cambio climático, Jos Delbeke.
La Comisión, que tiene un plazo de tres meses para examinar los planes
nacionales, dispone en principio de dos herramientas para disciplinar a
quienes presenten planes incompletos o no los cumplan. En primer lugar, el
procedimiento de infracción regular contra violaciones de la ley
comunitaria, que prevé una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia
de la UE y, en último término, una sanción económica.
En segundo lugar, la Directiva sobre comercio de emisiones contempla
multas de entre 50 y 100 euros por tonelada de emisión a las factorías
que sobrepasen sus cuotas. Delbeke añadió un tercer factor de castigo.
"Aquellos países que no cumplan con los mecanismos del comercio de
emisiones, tendrán que buscarse alternativas para cumplir con Kioto y
seguramente serán más onerosas", apuntó.
De hecho, el mercado de emisiones es un mecanismo diseñado para
amortiguar el impacto económico del Protocolo. A partir de su entrada en
vigor, el 1 de enero de 2005, más de 12.000 plantas industriales
-energéticas, siderúrgicas, cementeras, papeleras, fabricantes de vidrio
o de ladrillos, entre otras- deberán ajustar sus emisiones a la cuota que
les haya sido asignada o adquirir derechos de emisión suplementarios en
un mercado virtual creado a tal efecto.
Este mercado se nutrirá de las empresas que no apuren sus cuotas y
pongan en venta sus derechos de emisión sobrantes. El precio fluctuará
en función de la demanda y la oferta, entre los 5 y los 35 euros por
tonelada de gas emitida, según las estimaciones de la Comisión.
Incluso sin Kioto
La fase final del reparto de emisiones coincide con el debate sobre la
viabilidad del Protocolo de Kioto, alimentando por las dudas de Rusia a la
hora de ratificarlo. La ausencia de este país -sumada a la de Estados
Unidos o Australia- haría inalcanzable el umbral mínimo de
ratificaciones para que el convenio entre en vigor (los países
responsables de al menos el 55% de las emisiones).
Esto ha llevado a parte de la industria, a gobiernos como Italia o
España, o a la propia comisaria europea de Energía y Transportes, Loyola
de Palacio, a pedir el estudio de 'alternativas' a los instrumentos
actuales de recorte de emisiones, para evitar la pérdida de
competitividad de la industria europea en la escena internacional.
De momento, el resto del Ejecutivo comunitario no comparte este
análisis. "El cambio climático no va a desaparecer porque Kioto no
se ratifique", apuntó Delbeke, quien aseguró que los estudios
oficiales de la UE, pero también los de Estados Unidos, China o India,
demuestran que el impacto económico de la no actuación sería a largo
plazo mucho mayor que el de los recortes previstos.
El alto funcionario subrayó asimismo que la directiva de comercio de
emisiones no está vinculada al Protocolo de Kioto, sino que es
estrictamente "una ley europea", por lo que los países de la UE
están obligados a respetarlo con independencia de la supervivencia o no
del convenio internacional.
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