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Ante las presiones crecientes que están ejerciendo las empresas
afectadas por la directiva europea de reducción de gases de efecto
invernadero, la Comisión Europea ha hecho un claro gesto de fuerza. El
lunes, por sorpresa y con discreción, publicaba la llamada 'guía' para
ayudar a los Estados miembros a aplicar los 11 criterios que figuran en la
directiva sobre la creación de un mercado de emisiones. Los países
comunitarios se afanan en estos momentos en la elaboración de los
llamados planes nacionales de asignación de emisiones, que deben ser
remitidos a Bruselas antes del 31 de marzo.
De los 11 criterios, que se analizan en detalle por
primera vez, cuatro son de obligado cumplimiento, tres opcionales y el
resto, mixtos.
El más importante de los criterios imperativos es el de la
'no discriminación entre empresas y sectores'. Para evitarla, la
Comisión apela a la legislación comunitaria sobre ayudas de Estado y se
reserva la potestad de analizar y juzgar cada caso para evitar que se
viole la libre competencia.
La Comisión quiere evitar que en el reparto
de asignaciones los Estados apliquen trato de favor a ciertas empresas o
actividades. Serían, como ejemplo, los incentivos que, según denuncia
Iberdrola, ha solicitado Endesa al reclamar un 20% más de emisiones.
Según un experto, 'la propia directiva es ya discriminatoria, porque en
mercados con un mismo precio relativo como el eléctrico se perjudica a
unas empresas frente a otras'. Sin embargo, como los Gobiernos van a gozar
de una cierta discrecionalidad para fijar sus planes, especialmente en los
sectores con mayor potencial de recorte, la CE quiere mantener un cierto
control. Y aunque reconoce que los compromisos de reducción de emisiones
pueden 'suponer a corto plazo un aumento de los costes para ciertas
compañías y sectores', advierte que esto no podrá utilizarse como
excusa para aumentar la concesión de derechos a ciertas actividades. Ni
siquiera invocando la pérdida de competitividad ante países que no han
suscrito el protocolo.
Un portavoz del Ministerio de Economía señala que
'esta guía se aplicará en España', aunque 'cada país tiene un margen
de actuación'.
Transparencia y rigor en la adjudicación
El reparto de
derechos de emisiones estará sujeto a un riguroso control por parte de la
Comisión Europea, que exigirá que la concesión se haga de modo claro y
transparente y 'sometida al escrutinio público'. La directiva europea que
regula el futuro mercado de emisiones ya fijó 11 criterios que deben
cumplir los Estados para conceder periódicamente los derechos de emisión
a sus empresas. Bruselas ha refinado ahora la interpretación de los
criterios con una lectura rigurosa del espíritu de la ley.La primera
condición es que no se concedan más derechos de los estrictamente
necesarios para cumplir con Kioto. Para ello los Gobiernos deben hacer
previsiones 'claras, realistas y sustanciadas' sobre la evolución de las
emisiones que no pueden acogerse al mercado. Bruselas recuerda que el
objetivo no es permitir que la contaminación siga al nivel actual, sino
aliviar el coste de su reducción.
El derecho de los nuevos aspirantes
Una
de las novedades de la guía para aplicar los criterios de asignación de
emisiones elaborada por la Comisaría de Medio Ambiente, que dirige Margot
Walstrom, se refiere a la regulación de la incorporación de nuevas
empresas que necesiten derechos. En este caso, la Comisión Europea
establece tres modalidades para regular esta entrada: que las aspirantes
compren directamente los derechos en el mercado; que el Estado reserve una
cierta cantidad de derechos para subastarlos periódicamente, o que se
mantenga una cantidad de derechos para repartirlos gratuitamente en el
futuro.
Otro punto importante, aunque éste es opcional, es el de la
posibilidad de otorgar derechos a empresas que hayan tomado ya medidas
para reducir sus emisiones. Las autoridades nacionales deberán detallar
los derechos de emisión que correspondan a cada instalación, fábrica o
planta industrial. El listado debe ir agrupado por sectores y debe
someterse, como el resto del plan, al escrutinio de la opinión pública
dentro de un plazo razonable.
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