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El Gobierno exigirá a las eléctricas que destinen más inversiones y
esfuerzos a zonas como Andalucía, Catalunya, Canarias y Galicia, en las
que se concentran los apagones, y estudia, junto con las comunidades
autónomas, ligar más la retribución a las compañías distribuidoras a
la calidad del suministro.
El año pasado, 13 provincias, entre las que se encuentran Tarragona,
Barcelona y Lleida, superaron las dos horas anuales permitidas legalmente
de suspensión del suministro por imprevistos, según datos de la
Secretaría de Estado de Energía. Tarragona, Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria son de las pocas provincias que sufren estas incidencias por
encima de la media, tanto en las zonas urbanas como en las semiurbanas y
las rurales. El empeoramiento del suministro en estas áreas se produjo en
un ejercicio en el que esta variable a escala nacional registró un
descenso superior al 20% con respecto al anterior. El Ejecutivo considera
que las compañías deben incidir en mejorar la calidad en las zonas en
las que los cortes de luz están más generalizados, según fuentes de la
Secretaría de Estado. Las compañías distribuidoras disfrutan de una
situación histórica de monopolio territorial. En Catalunya, esta
actividad la ejerce Fecsa Endesa, que mantiene desde hace meses un pulso
con la Generalitat a propósito de las inversiones necesarias en la red.
OFENSIVA
El Gobierno catalán aprobó en el 2001, antes que el Ejecutivo
central, un decreto que penaliza a las compañías por anomalías en el
suministro y que fue duramente criticado por la compañía. El Govern de
la Generalitat también iniciará una ofensiva para que mejore la calidad
del suministro. En este sentido, está prevista hoy una entrevista de
altos cargos del Ejecutivo catalán con la dirección de Red Eléctrica
Española (REE), responsable de la red de transporte de alta tensión. El
Gobierno catalán ha sido uno de los que más ha insistido en vincular la
retribución que reciben las distribuidoras, reconocida en las tarifas
reguladas, con la calidad del servicio que ofrecen. Las compañías, en
cambio, se han quejado de forma reiterada porque consideran que las
cantidades reconocidas en la tarifa, que están en torno a los 3.000
millones de euros (unos 500.000 millones de pesetas) anuales son muy bajas
para cubrir los costes de la actividad de distribución que soportan.
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