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La Unión Europea debate actualmente los términos de la Directiva de
Comercio de Emisiones de Gases Efecto Invernadero que constituirá,
previsiblemente a partir de 2005, un mercado de emisiones de CO2, en el
que quedarán establecidos unos límites máximos, y que, para ser
cumplidos, los países con exceso de emisiones podrán comprar parte de
los derechos que les correspondan a otras naciones que no alcancen la
cantidad asignada. Antes de que acabe este año, España tiene que
presentar su plan de asignación en esa materia.
En 1997, la UE se comprometió a controlar sus emisiones de CO2 y los
niveles de gases de efecto invernadero para cumplir con el Protocolo de
Kioto. Para ello se estableció como referente mantener las emisiones de
1990, y se acordó que para el periodo 2008-2012, Europa debía reducir
sus emisiones en un 8% con respecto a 1990. Los gobiernos de la UE
establecieron unos límites de emisión de gases diferentes para cada
país, en función de las previsiones de su evolución económica. A
España se le permitió que aumentara la emisión de gases en un 15% con
respecto a 1990. Sin embargo, nadie pensó que el desarrollo económico
español iba a ser tan importante, y ya en el año 2000 superaba en un 32%
las cifras de 1990, según manifestó a ABC Javier Merle, director de
Medio Ambiente y Energía de Cemex, y en 2010 se prevé que nuestro país
esté un 38% por encima del límite establecido.
Los automóviles y las calefacciones de las viviendas son los
principales emisores de gases de efecto invernadero. El sector
energético, las cementeras, la siderurgia y las refinerías producen el
40% de las emisiones de CO2 en España, y están sujetas a cumplir con la
directiva europea citada anteriormente. Al Gobierno español le es así
más sencillo controlar las emisiones de gases de apenas unas 1.500
industrias, que establecer una «persecución» casa por casa y coche por
coche.
Con la tendencia actual, nueve países de la UE no cumplirán con los
objetivos de Kioto, por lo que serán compradores de derechos de emisión
de CO2. Los expertos prevén entre 2005 y 2008 un precio para esos
derechos de 40 euros por tonelada de CO2, y de 100 euros por tonelada a
partir de 2008. El déficit representaría un coste para el Estado
español de 2.800 millones de euros año, equivalente al 0,4% del PIB.
Muchas industrias no podrán soportar esas penalizaciones y se verán
obligadas a cerrar, entre ellas varias cementeras, según asegura Pedro
Mora, director de Tecnología y Medio Ambiente de Oficemen, la asociación
de empresas fabricantes de cemento, quien añade que para cubrir la
demanda actual y futura de cemento en España es necesario mantener una
producción de 29,4 millones de toneladas de clinker (la materia básica
del cemento), lo cual produciría unos 26,4 millones de toneladas de CO2.
Si la asignación para España de emisiones de gas de efecto invernadero
permanece en los límites de 1990 más un 15%, al sector cementero le
corresponderían unas emisiones de 24,4 millones de toneladas de CO2, lo
que implicaría el cierre de tres cementeras, con la eliminación de 600
empleos directos y 1.200 indirectos, además de unas pérdidas económicas
de 400 millones de euros. El peor de los supuestos previstos es obtener
unos derechos de emisión de CO2 de hasta 22 millones de toneladas, que
elevaría a seis las cementeras a cerrar, la supresión de 1.200 empleos
directos y hasta 3.600 indirectos, así como unas pérdidas económicas de
800 millones de euros.
Javier Merle precisa que si España se ve obligada a cerrar fábricas,
las cementeras tendrán que importar el clinker para fabricar el cemento
de factorías instaladas en países en los que no existe ningún tipo de
control de emisión de gases, con lo cual el efecto invernadero a nivel
global sería más perjudicial.
Soluciones propuestas
La solución pasa, en primer lugar, por realizar fuertes inversiones en
las cementeras -a lo que dicen estar dispuestas- para instalar nuevos
sistemas de cocción y enfriamiento que, no obstante, no van a suponer
más de un 2% de ahorro energético.
Además, solicitan al Gobierno que permita, como en otros países
europeos, el consumo como combustible alternativo de residuos del tipo de
harinas cárnicas, aceites, poda de árboles y arbustos y neumáticos,
entre otros. Este tipo de residuos tienen que ser depositados en un
vertedero o incinerados, de cualquier manera, y sus emisiones de CO2 no
computan en los límites establecidos por la Directiva europea. El empleo
de este tipo de residuos como combustible podría ahorrar en torno a un
10% de la compra de derechos de las emisiones de CO2, señala Pedro Mora.
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