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La sala tercera del Tribunal Supremo
ha admitido a trámite cuatro recursos interpuestos por Unesa, Endesa
Distribución, la Asociación Catalana de Cogeneradores y Bética de
Cogeneración contra el Real Decreto 385/2002 de 26 de abril que regula
los puntos de medida de los consumos y los tránsitos de energía
eléctrica.
Este Decreto está concebido para evitar que tras la liberalización el
gran número de consumidores cualificados pueda colapsar los
procedimientos concebidos para un número pequeño de usuarios. Además,
responsabiliza a los clientes de la instalación y los equipos que miden
su consumo.
Las eléctricas negocian la fórmula para repartirse el déficit
de tarifas. En la propuesta inicial de Economía, Endesa recibiría el el
43,2%, Iberdrola, el 34%; Unión Fenosa, el 11,7%, Viesgo el 4,59%;
Hidrocantábrico el 4,28%o y a Elcogas el 2,21%. A finales de año el
déficit tarifario rondará los 1.500 millones de euros.
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