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Economía rompe cinco años de
tendencia a la baja y propone alzas "por debajo del 2%".
El precio de la luz subirá cada año
hasta 2010, según informó ayer el Ministerio de Economía en un
comunicado que supone el certificado de defunción de la política de
bajada de tarifas iniciada en 1997. Desde ese año, los precios de la luz
habían acumulado un descenso del 30% en términos reales y habían
provocado las quejas de las compañías del sector. La propuesta de
Economía especifica que las subidas serán 'por debajo del 2%'. El plan
de Economía, cuando todavía colea el síndrome del apagón del pasado
diciembre, será discutido con las eléctricas en septiembre.
La propuesta del Ministerio de Economía
fue adelantada a las empresas eléctricas el pasado 28 de julio y trata de
atender la demanda de las compañías (endeudadas, apuradas por la
situación en América Latina y con grandes planes de inversión en marcha
para atender una demanda disparada) para que las tarifas eléctricas no se
fijen, como sucedía hasta ahora, cada año en el mes de diciembre, y
sólo en función del IPC.
De esta forma, según explicó ayer el
Ministerio de Economía, los incrementos 'por debajo del 2%' hasta el
final de la década responderán a 'parámetros estables y predecibles, de
tal forma que la subida anual será siempre de un 2% menos un porcentaje a
determinar cada año en función de diversas variables', como la demanda,
los costes de producción y de distribución o los tipos de
interés.
El plan adelantado por el departamento
que dirige el secretario de Estado de Economía, José Folgado, supone un
paso adelante -y así lo reconocen fuentes de las empresas- sobre la
propuesta inicial adelantada a las eléctricas a principios de verano y
que no aludía a porcentajes concretos y sólo contemplaba subidas del IPC
previsto menos un porcentaje a determinar cada año.
La propuesta dada a conocer ayer,
admiten fuentes de la asociación patronal del sector Unesa,
'garantizaría, si se mantienen las condiciones económicas favorables, un
resultado positivo para las empresas'. Con un matiz: el Ejecutivo tendrá
que concretar con las empresas qué nivel de inversiones deberán realizar
las compañías en los próximos años y qué garantías de rentabilidad
real obtendrán. El Gobierno, que ha elaborado un Plan de Infraestructuras
Energéticas aprobado en el Congreso, estima que las inversiones de las
empresas en electricidad y gas ascenderán a 7.500 millones de euros en
los próximos 10 años, periodo en el que la demanda de energía crecerá
una media anual del 3,5%.
Plan abierto
En cualquier caso, el plan no está
cerrado. La nueva metodología de tarifas tendrá que ser aprobada
mediante un real decreto. Y antes la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) y el Consejo de Estado tendrán que realizar los informes
preceptivos, aunque éstos no son vinculantes para el Gobierno. El real
decreto, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, servirá de base
para aprobar cada año la norma que fijará las tarifas para el próximo
ejercicio. Economía se apresuró ayer a decir que la propuesta de subida
de tarifas 'beneficiará al consumidor, ya que el precio de las tarifas
eléctricas crecerá por debajo del 2% y, a su vez, permitirá a las
empresas tener un marco predecible para planificar sus inversiones'. Lejos
de esta valoración, las organizaciones de consumidores OCU y CEACCU
criticaron los planes del Ministerio de Economía. El presidente de OCU,
José María Múgica, manifestó que se trata de 'una pésima noticia para
los usuarios', y añadió que es una muestra del poder de las compañías
y de 'su capacidad de chantaje'. Múgica recordó que las empresas
declararon en su momento que 'sin las subidas se producirían apagones'.
Por su parte, CEACCU manifestó que la
liberalización del sector y la libre competencia debería reflejarse en
una rebaja de los precios, y lamentó que eso no ocurra.
Liberalización
Las críticas de los consumidores se
basan en algunos hechos ciertos. A cinco meses de que teóricamente todos
los consumidores puedan elegir suministrador (1 de enero de 2003), y tras
cinco años de liberalización, los principales actores del mercado se
cuentan con los dedos de una mano (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,
Hidrocantábrico y Enel-Viesgo); las dos principales empresas dominan más
del 70% del mercado de generación y los competidores extranjeros apenas
sí tienen una presencia testimonial en el mercado a través de
Hidrocantábrico (la portuguesa EDP y la francesa EDF a través de EnBW).
Esa liberalización, que no se acaba de
percibir por los usuarios, se ha acompañado en los últimos dos años por
fallos en el suministro de electricidad (el más importante ocurrió el
pasado 17 de diciembre y afectó a Madrid, Cataluña y Valencia) y por
continuas advertencias de las compañías sobre la imposibilidad de
acometer inversiones para mejorar la situación de las redes e
instalaciones si las tarifas continuaban en descenso.
Con un endeudamiento conjunto de las
empresas, por todos los conceptos, de más de 41.000 millones de euros en
2001, menos ingresos por Costes de Transición a la Competencia (CTC) ya
que los precios del kilowatio superan las seis pesetas en el mercado
libre, y con un incierto panorama en América Latina que afecta sobre todo
a Endesa y a Iberdrola, la subida de tarifas que maneja el Gobierno supone
un respiro para el sector.
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