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El impulso al desarrollo sostenible y
la ratificación del Protocolo de Kioto sitúan al sector empresarial en
una posición estratégica clave para asumir cambios profundos en su
gestión ambiental.
Reducir la contaminación y ganar en transparencia son sólo algunas de
las asignaturas que las compañías deberán afrontar en los próximos
meses.
El papel de los consejos
La Fundación Entorno, el IESE y PricewaterhouseCoopers
presentaron la semana pasada el Código de gobierno para la empresa
sostenible, en cuya elaboración han participado cerca de sesenta
consejeros de compañías, además de representantes de la
Administración y ONG.
Su objetivo es impulsar la integración de factores
ambientales, económicos y sociales –sostenibilidad–, a nivel del
consejo de administración. El próximo paso es conocer el estado de la
sostenibilidad en un colectivo de empresas sensibilizadas.
El objetivo es “analizar la viabilidad y la
operatividad del código, y realizar las recomendaciones que permitan
mejorarlo”. Los resultados de este diagnóstico se presentarán
posteriormente para que otras empresas se incorporen al proyecto.
Además, se identificarán tres compañías que voluntariamente
participarán en una experiencia piloto, que se desarrollará en el
segundo semestre de 2002.
A finales de año, se presentarán los resultados de
esta experiencia. En 2003, se realizará el análisis y desarrollo de
las recomendaciones derivadas de la experiencia piloto, que se harán
públicas dentro de un año.
El desarrollo sostenible, basado en garantizar la cobertura de las
demandas actuales y futuras sin dañar el entorno ni el crecimiento
económico, se ha colado en las agendas de algunos de los principales
organismos mundiales –como la Unión Europea, la ONU y la OCDE–.
Aunque la presencia de este concepto resulta aún demasiado teórica, la
sostenibilidad plantea serios retos al sector empresarial, sobre todo,
ante la cercanía de la Cumbre Mundial de Johanesburgo –Río+10–.
Como consecuencia, las empresas deben asumir ciertos cambios planteados
en una apretada agenda medioambiental, que consta de un buen número de
prioridades para los próximos meses.
1. Cumplimiento del Protocolo de Kioto. La ratificación ya está en
marcha en España. En breve, comenzarán a plantearse actuaciones
sectoriales que permitan cumplir la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero planteada por el protocolo. Energía y transporte
serán los sectores más afectados.
2. Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. El Gobierno baraja
incentivos económicos y sociales para lograr introducir el desarrollo
sostenible de forma horizontal en todos los ámbitos. Las compañías
podrán beneficiarse de ellos siempre que garanticen su apoyo a la
sostenibilidad.
3. Nuevas formas de gestión ecológica. Los sistemas de gestión
medioambiental constituyeron la principal herramienta de la ecogestión a
finales de la década de los noventa. Pero actualmente están siendo
superados por una gestión ambiental más global, basada en el uso
eficiente y sostenible de los recursos –ecoeficiencia–. Las empresas
ya certificadas con modelos como la norma ISO 14001 –más de 1.500
compañías en España– tienen ante sí el reto de buscar nuevas
fórmulas que les permitan profundizar en sus sistemas de gestión
ambiental.
4. La Ley de Control Integrado de la Contaminación. La ley conocida,
como IPPC, obliga a las instalaciones existentes a aplicar las mejores
técnicas disponibles en su sector de actividad para ajustarse a unos
niveles de emisiones contaminantes que no podrán superar. Si no se
realiza esta adaptación antes de 2007, las instalaciones que incumplan la
ley corren el riesgo de ser clausuradas. Las inversiones para adaptarse a
la IPPC se estiman en 6.010 millones de euros.
5. Gestión integrada de residuos. La necesidad de cumplir las
múltiples normas europeas sobre diferentes tipos de residuos exigirá
mejoras empresariales.
6. Transparencia. La publicación de memorias ecológicas está
arraigando en el sector empresarial. Este tipo de informes derivan, a
veces, en memorias de sostenibilidad, que también consideran los aspectos
económicos y sociales.
7. El papel de los proveedores. Los suministradores serán una pieza
clave para potenciar el efecto multiplicador de la ecogestión de
cualquier compañía.
8. Formación ambiental. La participación de empleados y otras partes
implicadas –stakeholders– obliga a las compañías a impulsar su
formación ambiental para aumentar sus posibilidades de participación en
la política verde de la empresa.
9. Gestión del agua. El impulso a la planificación hidrológica por
parte del Gobierno representará oportunidades, pero también retos de
mejora, para las empresas.
10. Clientes más concienciados. Las crecientes exigencias de los
clientes llevarán a las compañías a aumentar sus esfuerzos en materia
de innovación para mejorar las prestaciones medioambientales de sus
productos.
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