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En Barcelona, la UE ha jugado el
partido del gas y la electricidad. La aplicación a ultranza, en avances y
regates, de la táctica de la progresividad reformista, dificulta rematar
a gol en la meta del mercado único. España ha mejorado el juego en la
liga nacional del gas, y ganará el partido comunitario en la prórroga de
la siguiente cumbre si finaliza, mientras tanto, sus deberes en casa.
Por imperativos de imprenta terminaba este artículo el viernes cuando
los reunidos no habían llegado a acuerdos. Quedaban hasta la clausura dos
días con sus noches. El minucioso trabajo preparatorio por parte
española –no hay más que leer el documento de síntesis– merecía el
éxito de llegar a acuerdos aunque sea al filo de la madrugada. Pero los
augurios no eran muy favorables en el espinoso punto del gas y la
electricidad, debido, como siempre, a la oposición de Francia.
Conseguir un mercado único en ambas energías básicas debe ser el
gran objetivo comunitario que aumentara geométricamente la eficiencia
económica de todos los Estados miembros. Requiere unificar los procesos
de liberalización mediante directivas de desregulación, a partir de
redes de transporte accesibles. Hoy, cada Estado actúa como un mercado
autónomo con dispares velocidades desreguladoras y, lo que es peor, con
falta de conexiones de transporte. Unos, como Suecia e Inglaterra,
totalmente liberalizados; otros, cuyo pelotón lideramos, lo están a
medias; y los menos, con los franceses a la cabeza, siguen en régimen de
monopolio no reconociendo siquiera la romana “servidumbre de paso”.
Al empeño demorador contribuye la idea generalizada, que el presidente
Aznar ha constatado, de coincidir los comunitarios en la táctica del
reformismo prudente y progresivo, sólo adecuada si se le pone plazo. No
olvidemos que el presidente Delors empezó con el mercado único
energético hace dieciséis años. ¿No es un hartazgo de progresividad?
¡Ojalá Barcelona consiga un calendario final!
Interesa especialmente a España, donde la insuficiente capacidad de
generación eléctrica y la ausencia de yacimientos de gas exigen
importaciones. El déficit origina peligrosos apagones y, por supuesto,
dificulta la liberalización interior de electricidad y gas que queda, por
tal motivo, condicionada en beneficio de los dominantes. ¿Cómo podrán
entrar más operadoras en comercialización energética y los consumidores
elegir libremente entre varias, si éstas no tienen disponible para
distribuir energía adicional a la ya controlada por los ‘establecidos’?
Francia es cancerbero gracias a su enclave de paso entre países UE. Es
su obligación dejarlo franqueable cumpliendo el principio comunitario de
libre circulación de mercancías. Disponiendo de excedentes eléctricos,
y además baratos gracias a su origen mayoritariamente nuclear, ¿es
admisible que niegue su exportación y suministro a unos vecinos que
sufrimos el riesgo nuclear de centrales sentidas como próximas? La
negativa de suministro de los dominantes es una práctica restrictiva de
la competencia. Pero el hecho es que no habrá mayor importación sin
aumentar la conexión con sus redes y, a su través, con el resto de las
comunitarias; en gas natural, hasta los decisivos yacimientos del mar del
Norte o de Rusia. Una conexión suficiente debe ser nuestra gran prioridad
táctica negociadora sin mezclarla con otras.
Si en Barcelona no hubiera avances decisivos, el Estado renuente
podría ser reconducido a los intereses generales por abuso de derecho.
Loyola de Palacio, comisaria de la Energía y Transportes, anunciaba una
posible actuación sustitutoria por decreto. Tiene razón y además
redaños, o sea, valor y capacidad para lograrlo.
Según el artículo 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad, las
empresas públicas encargadas de la gestión de servicios –y las
francesas EDF y Gaz de France lo son– no podrán afectar los
intercambios de modo contrario a los intereses de la UE. La expresión
decreto es un modo figurado, pero determinante, de llamar a la facultad de
adoptar una directiva de obligado cumplimiento que impida el abuso sin
pasar por el Legislativo comunitario. Ya al principio de los 90, la
Comisión aplicó este remedio al oponerse algún Estado a liberalizar los
terminales de telecomunicaciones.
Prioridad al gas
En casa, la directora de la Energía Carmen Becerril declaraba la
semana anterior que la única alternativa energética es el gas natural.
Es cierto, en trazos gruesos, siempre que no se minusvaloren energías
alternativas accesibles, y más baratas en ciertos casos, tales como
cogeneración por calor industrial residual, biomasa y eólica –tan
adecuada a España y, no obstante, tan silente–.
Militan a favor de impulsar el gas:
1)
su sabida condición de energía limpia;
2)
ser comodín de empleo doméstico, e industrial para producir electricidad
o mover vehículos;
3)
puede importarse de todo el mundo en buques metaneros sin apenas afectarle
la falta de conexión pirenaica francesa;
4)
existe ya una inicial competencia gracias al Decreto Ley 6/2000, aumentada
con el reparto, en concurso público, del 25% del gas de Argelia que
monopolizaba Gas Natural;
5)
dispone de una regulación aperturista –Real Decreto 949/2001 y dos
órdenes ministeriales de 2002– aparentemente aceptadas por los nuevos
operadores pese a la escenificación de los del “quiero más”.
Recomendé repetidas veces algunas de estas medidas. Los aciertos de la
Comisión Nacional de la Energía merecen mayores y más autónomas
facultades del Gobierno.
Queda menos por hacer pero también relevante. Enagás, gestora oficial
del sistema del gas, no puede seguir siendo propiedad de Gas Natural por
ser ésta la compañía dominante. Lo impiden razones obvias de
independencia e incompatibilidad de intereses. El proyecto de reservar a
Gas Natural, o a sus actuales propietarios, el 35% del capital y repartir
otro tanto entre todas las eléctricas no aporta la necesaria
independencia. Para asegurarla sólo es concebible una representación
paritaria que no distinga a GN. O mejor sería que los agentes antiguos y
nuevos no tengan ninguna participación en la operadora del sistema. Todo
a la bolsa con expresa prohibición para aquellos de adquirir acciones.
Ítem más. Los márgenes de los operadores no deben ser tan estrechos
que les dificulten competir por precio. Su componente más volátil, que
es el precio de la materia prima, dependerá de factores exógenos como la
capacidad de importación o de mejora de la citada conexión francesa,
hechos sobre los que al menos los entrantes carecen de poder negociador. E
incluso dependen de la flexibilidad en el uso de dichos gasoductos, hoy de
Enagás. Las órdenes reguladoras podrían en próxima revisión dejar
margen de negociación de condiciones de servicio y otras entre
usuario-industrial y monopolista.
Es lo que sostuvo el voto particular de Amadeo Petitbó, cuando
presidía el Tribunal de Defensa de la Competencia, apartándose del
llamado alatriste, abogado de las posiciones de dominio: “La regulación
consideraba la oportunidad de que los clientes industriales negociaran con
la monopolista. Lo que ésta no hizo”. (Resolución Gas Sabadell,
14-2-2000). Y ello es un claro abuso de dominio. ¡Que así sea!
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